Survivors of violence that support victims

La reciente fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno en Ecuador, junto con el debilitamiento institucional que implican los ataques a la Corte Constitucional, están creando un escenario preocupante para los derechos de las mujeres. Al eliminar los organismos especializados e independientes, las políticas de prevención y atención de la violencia de género pierden prioridad y capacidad de respuesta, mientras que el acoso a la justicia debilita las garantías de acceso para las víctimas, que ya enfrentan enormes barreras. Estos cambios no son técnicos ni administrativos: implican que miles de mujeres en riesgo de violencia podrían quedar sin protección real, sin un Estado dispuesto y capaz de asistirlas.

 A esto se suma la apertura de bases militares extranjeras y la expansión de las facultades de las fuerzas de seguridad en un país cada vez más militarizado. La evidencia en América Latina muestra que, en contextos militarizados, las mujeres y las niñas —especialmente en territorios indígenas y fronterizos— están expuestas a mayores riesgos de acoso, abuso sexual y violencia impune. Ante esta situación, las organizaciones sociales y comunitarias brindan la primera línea de protección, pero requieren urgentemente recursos para fortalecer su labor de prevención, atención psicoemocional, defensa legal y creación de espacios seguros. 

Su inversión en proyectos sociales como el nuestro no solo salva vidas, sino que también garantiza que las mujeres y sus comunidades puedan resistir y reconstruir la confianza en un contexto que erosiona las instituciones y los derechos. La solidaridad internacional puede marcar la diferencia entre un escenario de mayor violencia e impunidad y la posibilidad de un país con justicia, atención y dignidad.

Links:

• We remember that the Constitutional Court protects rights
• Idea Dignity in alliance with women's organizations
• We explain to the community about the risks of human rights