By Myriam Perez | Projecto Leader
En Ecuador, el gobierno promulgó recientemente la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado. Sin embargo, diversas organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia y las mujeres han manifestado su preocupación de que esta ley pueda tener efectos negativos en la niñez y la adolescencia, especialmente en las niñas víctimas de violencia sexual o reclutadas por grupos criminales.
La ley endurece las penas y permite que los adolescentes sean tratados como adultos por ciertos delitos. Esto resulta problemático porque muchos jóvenes involucrados en actividades delictivas no lo hacen por elección propia, sino porque son engañados, coaccionados o explotados por bandas criminales. En el caso de las niñas, estas situaciones suelen ir acompañadas de violencia sexual, amenazas y explotación.
Las organizaciones advierten que estas medidas podrían criminalizar a las víctimas en lugar de protegerlas. Temen, además, que el enfoque centrado en la seguridad provoque que el Estado reduzca los recursos destinados a la salud, la educación y el apoyo psicológico, esenciales para que las niñas se recuperen y reconstruyan sus vidas. En otras palabras, existe el riesgo de que las niñas víctimas de violencia sexual sean tratadas como culpables, cuando en realidad son supervivientes que necesitan apoyo.
Por eso, distintos grupos sociales y defensores de derechos humanos piden al Estado ecuatoriano revisar la aplicación de esta ley y asegurar que se respetan los derechos de la niñez. Exigen que las niñas y adolescentes víctimas reciban protección, acompañamiento y justicia, no castigos. La seguridad verdadera no se logra con más prisión, sino con más prevención, educación, cuidado y oportunidades para que ningún niño o vuelva niña a ser víctima de violencia o reclutamiento.
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